Los ejecutivos hicieron catarsis en el Congreso del IAEF y pidieron más seguridad jurídica y menos impuestos al próximo gobierno
Un empresario agropecuario grande -comercializa por año 2,5% de la producción nacional de soja y cereales- invirtió en los últimos 5 años u$s55 millones y pagó de impuestos $80 millones. Así, con precios internacionales récord, la cosecha de soja que llegó a 50 millones de toneladas, está estancada en 40 millones de toneladas.
Así lo explicó Ignacio Lartirigoyen, presidente de Lartirigoyen & Asoc, una empresa agropecuaria de capitales nacionales e internacionales, que comercia un total anual de 3 millones de toneladas de granos al año, produce biocombustibles, harinas y hasta alimentos para perros, con 1.200 empleados, al exponer en el 39° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Por otra parte, los empresarios ven que el problema argentino, incluso el de la inflación, no es un desmadre macroeconómico, que por ejempo para Alejandro Bertone, director general de la semillera Syngenta para Latinoamércia Sur, no existe, sino el tema cambiario.
“Los precios relativos en dólares de Argentina, si uno los compara con Chile o Uruguay, no tienen lógica. Si se mantiene este precio del dólar, no es posible que la inflación sea más baja en el corto plazo. Los bienes necesitan recuperar su valor en dólares”, remarcó.
Los precios de los granos, del pan y las retenciones
Al respecto de los derechos de exportación de granos, Alejandro Bertone, director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, dijo en el mismo evento que la suba de las retenciones al trigo no logra el efecto que busca el Gobierno de desacople de los precios internos con la suba que se produjo por la guerra en Ucrania.
“El impacto del trigo en un paquete de fideos o de pan lactal es de 10% o 15%. Para lograr que las retenciones tuvieran un efecto, el Gobierno debería subirlas de 12% a 50%. Esto sería confiscatorias y la Justicia las invalidaría. El verdadero desacople se da entre los salarios y los precios de los alimentos, así que la solución va más por el lado de una tarjeta Alimentar”, consideró.
A su vez, Lartirigoyen enfatizó que “Argentina produce granos para 400 millones de personas y según el último censo, seríamos 40 millones. De este modo, con una retención de 12% debería alcanzar”.
“Las retenciones son una enorme transferencia de recursos del interior productor al Gobierno, con destino a las ciudades donde la población está más concentrada, Si el interior pudiera producir con esa materia prima y exportar, explotarían las inversiones”, afirmó.
Las inversiones y la inseguridad jurídica
En el bloque del Congreso de IAEF sobre energía, Daniel Gerold, socio fundador de G&G Energy Consultats, defendió a las empresas que quieren invertir en el sector petrolero en el país, ya sea en Vaca Muerta o en áreas off shore frente a Mar del Plata, y dijo que esas compañías “hunden capital para 10 años”.
De todos modos, Gerold aceptó que una inversión de u$s100 o u$s400 millones como puede ser la que realiza una petrolera para prospección o ya extracción de petróleo o gas puede ser una pérdida si las políticas públicas no otorgan seguridad jurídica, pero no las frustran totalmente como sería el caso de una planta de licuación de gas que necesita la Argentina.
“Países con economía más chicas que la argentina, del Este o el Oeste de Africa, atraen inversiones necesarias para una planta de licuación de gas. Argentina necesitaría 3 o 4 pero no consigue ni una porque la inversión es de u$s4.000 millones, y si no hay seguridad de las reglas de juego a 10 años, no se puede encarar”, aseguró.
Al respecto, Aracre coincidió en que “si el país hace 30 años que festeja defaults y deja de honrar compromisos, e incluso reperfila deuda en pesos, no puede esperar que vengan capitales que no sean meras golondrinas, sino que vengan a quedarse 5 o 10 años”.
“No va a alcanzar con un cambio de gobierno que supuestamente sea más confiable para los empresarios”, advirtió, y agregó que “no podemos esperar que vengan los extranjeros a traer capitales, tenemos que dar confianza a los argentinos para que inviertan sus ahorros en el país”.
“Si una empresa pierde la confianza de quienes le pueden dar crédito, compra garantía, busca mecanismos. Si Argentina perdió la confianza en su institucionalidad, deberá ofrecer institucionalidad prestada, como los tribunales de Nueva York, que les aseguren a los inversores una instancia que asegurará sus derechos”, sostuvo.
De todos modos, Aracre quiso terminar con una nota optimista, asegurando que “la salida no es a 10 años, sino que hay una Argentina a 3 o 4 años, porque produce con calidad y eso sí es confiable y le abre la posibilidad de una explosión de exportaciones”
Fuente: Iprofesional.com