Nuestro sistema tributario está compuesto por casi 170 impuestos. En los últimos tres años, se crearon o aumentaron 18. Cada una de estas modificaciones suele generar un impacto negativo en la actividad económica
Hay una máxima que define a la historia de la humanidad. No importa la época ni la forma de gobierno, los tributos siempre fueron la manera más práctica y sencilla de resolver problemas coyunturales. Viajemos por un momento a la Francia de fines del siglo XVIII. Ante la crisis económica desatada por el exceso de gastos de la corona y la Guerra anglo-francesa, Luis XVI trató de modificar el sistema tributario ejerciendo aún más presión sobre el campesinado y la burguesía. Este régimen fiscal excesivo, ineficiente e injusto fue la causa principal de la Revolución. Sin ser consciente de lo que estaba haciendo, este rey marcó un hito en la historia de la humanidad: el fin de la Edad Moderna.
El mundo se rige por la ley universal de causa y efecto, basada en la idea de que toda acción provoca una reacción o un resultado. De esta forma, cada nuevo impuesto trae aparejado diversas consecuencias entre las que se destacan dos. Por un lado, la búsqueda de métodos por parte de los contribuyentes para evadir su pago. Por el otro, la retracción económica generada por la disminución de la inversión.
Argentina no es la excepción a la regla. Nuestro sistema tributario está compuesto por casi 170 impuestos. En los últimos tres años, se crearon o aumentaron 18 tributos. Cada una de estas modificaciones suele generar un impacto negativo en la actividad económica.
Impuesto a las Ganancias: el eterno provisorio
Para indagar acerca de su origen, debemos viajar en el tiempo hasta 1932. En ese entonces, los gobiernos de facto de José Felix Uriburu y Agustín P. Justo crearon el “Régimen de Impuesto al Rédito” como un tributo transitorio que venía a hacerle frente a las consecuencias de la Gran Depresión. En aquel momento, se preveía una aplicación válida hasta el 31 de diciembre de 1934. Sin embargo, aún hoy el Impuesto a las Ganancias sigue “transitoriamente” vigente.
En 1973, Juan Domingo Perón sancionó una nueva ley y estableció la “cuarta categoría” que incluyó a los trabajadores en relación de dependencia. Esta ampliación de la cantidad de contribuyentes buscó desarmar una maniobra de “evasión legal” aplicada por muchas empresas. En aquella época, los dueños inscribían a sus familiares como empleados con sueldos muy altos para ocultar parte de la ganancia empresarial.
Lo cierto es que el Impuesto a las Ganancias es el tributo con más prórrogas en la historia argentina. La última fue sancionada el 29 de diciembre de 2017, dos días antes de que venciera. Actualmente, continúa vigente hasta el 31 de diciembre de este año aunque su extensión es un hecho.
El interrogante es por qué sigue siendo transitorio a 90 años de su creación. Su sanción provisoria se debe a la imposibilidad que tiene el Gobierno Nacional de crear impuestos directos permanentes. Sin embargo, el artículo 75 de la Constitución Nacional establece la excepción: la Nación puede sancionar impuestos directos por tiempo determinado siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado así lo exijan.
Impuesto a la riqueza: ¿por única vez?
Durante muchos años, los contadores recibían a sus clientes y escuchaban una y otra vez la misma inquietud: ¿cómo ingresar dinero al sistema formal? Esta necesidad nucleaba a todos los actores de la economía, ya fueran personas físicas, PyMEs o grandes empresas.
Pero todo comenzó a cambiar en el 2020. Por los pasillos del Congreso y de la Casa Rosada, corría el rumor de que un nuevo impuesto se avecinaba y aparecía en agenda el aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia, más conocido como Impuesto a la Riqueza. Así fue como un grupo de empresarios, los de mayor envergadura, comenzaron a visitar a sus contadores, pero con una pregunta disparadora muy diferente: ¿cómo podemos alivianar nuestras Declaraciones Juradas para minimizar el impacto de este nuevo impuesto?
Este aporte extraordinario gravó a aquellos patrimonios que superaran los 200 millones de pesos. Con esta medida, el gobierno argentino aspiraba a recaudar aproximadamente 300 mil millones de pesos. A partir de su sanción, sucedieron un sinfín de procesos judiciales de algunos contribuyentes que presentaron medidas cautelares por considerar confiscatorio a este impuesto. De los 13 mil ciudadanos que debían abonarlo, finalmente lo pagaron menos de 10 mil.
El resultado fue muy diferente al esperado. Este tributo produjo el exilio masivo de argentinos que decidieron cruzar el charco hacia Uruguay. Solo en el 2021, hubo casi 12 mil solicitudes de residencia de argentinos en el país vecino, el doble que en 2020. Este grupo de exiliados incluye no solo a grandes fortunas tradicionales, sino también a los creadores de los más importantes unicornios argentinos.
Como ya vimos con Ganancias, la historia argentina demuestra que de un impuesto extraordinario a uno ‘ordinario’ no hay más que un paso… Tal es así que hace algunos meses, un diputado propuso extender el Impuesto a la Riqueza por un período que acompañe el tiempo que va a tomar pagar la deuda con el FMI.
Renta Inesperada
La Cámara de Diputados es el escenario de la disputa actual. Días atrás, comenzó a debatirse en comisión el proyecto que es resistido por los empresarios. Esta ley busca gravar por única vez la ganancia de grandes empresas que en el ejercicio actual obtengan un resultado superior a $1.000 millones y que cumplan al menos dos condiciones: que su ganancia sea superior al 10% de sus ingresos y que esta también sea un 20% mayor que la del ejercicio anterior en términos reales.
La alícuota sería del 15% y se aplicaría sobre la diferencia entre el resultado del presente ejercicio y el del ejercicio anterior. Bajo estas condiciones, alrededor de 350 empresas se verían afectadas y el Gobierno aspira a recaudar unos 200 mil millones de pesos.
Según sus impulsores, el proyecto se basa en el impacto positivo que tuvo en los precios internacionales la invasión de Rusia a Ucrania. Para ellos, el aumento en los ingresos de los sectores beneficiados no estuvo relacionado con mejoras en la productividad o mayores niveles de inversión, sino con un hecho externo y fortuito.
Claro está que el sector que se vería más perjudicado por esta nueva medida es el agroexportador. Tal es así que algunos ya huelen un conflicto muy similar al que se desató en 2008 con la resolución 125, que mantuvo al campo y al gobierno enfrentados durante más de cuatro meses.
Pero hecha la ley, hecha la trampa: ante el aumento de la carga impositiva argentina, algunos recurren a diversas estrategias. Según cálculos de AFIP, se estima que más de 200 mil toneladas de soja se fugan vía Brasil, Paraguay y Uruguay, para evadir las retenciones, los impuestos y la brecha cambiaria. Esta operatoria mueve más de 7.500 millones de pesos al año.
De esta forma, quedan algunos interrogantes que solo el tiempo podrá dilucidar. Por un lado, si el Impuesto a la Renta Inesperada logra o no tener luz verde en el Congreso. A su vez, si será por única vez o reaparecerá ante cada suba de los precios internacionales. Por último, si las operatorias evasivas crecerán de forma exponencial en caso de que el nuevo tributo se transforme en ley. El físico Albert Einstein decía: “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. Habrá que ver si la política argentina está dispuesta a escucharlo.
Fuente: Infobae.com