Con 24 firmas a favor y 20 en contra, el proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado, quedó habilitado para su tratamiento en el recinto de la Cámara baja. La oposición expresó su preocupación por el aumento de la presión tributaria que plantea el texto.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, finalmente emitió dictamen favorable al proyecto de Consenso Fiscal, que ya cuenta con la media sanción en el Senado, y quedó listo para ser debatido en el recinto. El oficialismo buscará convertirlo en ley en la próxima sesión que, a priori, será el 31 de agosto.
El despacho contó con 24 firmas a favor y 20 en contra, que fueron de los bloques Pro, Evolución Radical, Coalición Cívica, mientras que los diputados de la UCR se dividieron a la hora de firmar.
El acuerdo fue firmado entre las provincias y el Gobierno nacional el 27 de diciembre del año pasado y, desde entonces, espera su rúbrica no solo en las legislaturas provinciales, sino también en el Congreso. Las jurisdicciones que no se plegaron al acuerdo tributario son San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires.
La reunión fue encabezada por Heller, pero a la hora de explicar los lineamientos del acuerdo le cedió la palabra al miembro informante por el oficialismo Marcelo Casaretto quien describió las “seis partes” del proyecto: compromisos en materia tributaria; en materia de endeudamiento responsable; en materia de responsabilidad fiscal; en materia de procesos judiciales; compromisos de Gobierno nacional; y compromisos comunes.
En materia tributaria, el legislador explicó que “hay un compromiso muy fuerte de intercambio de información entre el Estado nacional y los Estados provinciales, avanzando en la simplificación y la coordinación tributaria federal”, y “un intercambio de información en cuanto a los titulares de los inmuebles y otros bienes registrables y la valuación”. Además, señaló la elaboración de un padrón federal de registro único, y la “coordinación en materia de Ingreso Bruto en convenio multilateral”; así como “la devolución automática de los saldos a favor por retenciones en materia de Ingresos Brutos. La organización del organismo federal de valuación de inmuebles. El fortalecimiento y la modernización de los organismos de catastro y registro de la propiedad inmueble, rentas, agencia de recaudación en las provincias, tratando de aumentar la cobrabilidad de esos impuestos”.
Mientras que, en materia de endeudamiento responsable, señaló que el proyecto dice que “durante un año las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera cuando se trata de financiamiento en materia de organismos bilaterales o desembolsos pendientes de créditos acordadas anteriormente, o canjes de pasivos o reestructuraciones de deudas anteriores. De la misma manera a fondos destinados a ciertas obras de infraestructura disputas con anterioridad al 31 de diciembre”.
“El capítulo 3 es en materia de responsabilidad fiscal, se establece una regla límite de crecimiento del gasto, vinculada con el crecimiento del producto bruto interno de cada provincia. El año 2022 era un proceso de transición en la salida de la pandemia. Y que el producido del endeudamiento de los gobiernos provinciales no pueda destinarse a los gastos corrientes”, agregó Casaretto.
En tanto, explicó que “el capítulo 4 trata de compromisos en materia de procesos judiciales: las provincias se comprometen a abstenerse de iniciar procesos judiciales durante un año, y suspender por igual termino los ya iniciados”. Mientras que el quinto es respecto a los compromisos del Gobierno nacional que se compromete a cancelar las deudas pendientes, “básicamente a caja de jubilaciones no transferidas por las provincias. Y a compensar deudas y créditos recíprocos”.
Y, finalmente, el capítulo seis sobre los compromisos comunes, señala que las partes “acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial, a traes de los consensos 2017, 2018, 2019, 2020. En consecuencia, se deja sin efecto los compromisos de bajar los impuestos provinciales sin financiamiento, a efecto de no endeudar más a las provincias”.
La primera en tomar la palabra por parte de la oposición fue Germana Figueroa Casas, del bloque Pro, que retomó inmediatamente las palabras del diputado preopinante: “Acabo de escuchar que no es vía libre para aumentar tributos, y es lo primero que está haciendo. Claro no es vía libre porque tiene topes, pero algunos llegan a casi duplicar lo que estaba, o actividades que antes estaban exentas ahora están gravadas”, expresó.
En este sentido, indicó que, por ejemplo, “estamos sin poder tratar la Ley de Alquileres, planteando disminuir impuestos a eso, y la actividad que tiene que ver con la inmobiliaria, de un 4% podría pasar a un 5. La gente no puede acceder al crédito, y el aumenta a la actividad financiera puede llegar a un 9%. Sí hay vía, no libre, para aumentar impuestos, y bastante”.
Por otra parte, la legisladora advirtió la necesidad de sancionar una nueva Ley de Coparticipación: “Es importante pensar que esta es una ley que tiene que ver con el federalismo de concertación, pero hay una ley que está por encima de eso y es la Ley de Coparticipación Federal; y parte de este federalismo de concertación tiene que ver con la falta de cumplimiento a la obligación constitucional, que era dictar una nueva Ley de Coparticipación, y esto son acuerdos que se van dando, pero nunca pueden pasar por encima de lo que dice la ley. Y hay algunos puntos donde podrían tacharse de inconstitucionales, por ejemplo, afectado el hecho imponible de Ingresos Brutos”.
Respecto a Ingresos Bruto, señaló que “hay estudios sobre la carga tributaria que lo plantean como uno de los impuestos que más carga por el procedimiento de cascada que tiene. Y, sin embargo, lo ponemos como la columna vertebral para las provincias en la recaudación”.
“Por otro lado, -consideró- invita a las provincias, en un país que ya tiene una presión tributaria enorme, las invita a otro impuesto que, combinado, con el impuesto a los Bienes Personales con estas alícuotas tan altas que tienen, realmente estaría presionando sobre los constituyentes, desincentivando el ahorro, que es plantear que las provincias tengan que dictar leyes al impuesto a la herencia. Que es una facultad que ya tienen, de hecho, hay una provincia que lo tiene, y hubo una provincia, que tuvo que volver atrás, Entre Ríos, porque se declaró inconstitucional”.
“Creo que estamos dando vuelta el camino que habíamos planteado con el consenso fiscal 2017, un camino de empezar a beneficiar a la inversión, a la producción y esto conspira en contra de lo que dice que va a beneficiar”, concluyó la legisladora.
A continuación, se manifestó la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien coincidió con la legisladora preopinante, respecto a que debe discutirse si es constitucional “permitir, a través de este acuerdo, que Ingresos Brutos en las provincias también grave actividades no lucrativas”.
“Todos sabemos que este falso consenso fiscal su objetivo es tirar por la borda para atrás los acuerdos logrados en el 2017. En ese momento todos destacaron versiones exactamente opuestas a lo que ahora dicen que son las motivaciones ara firmar el presente mal llamado consenso fiscal”, manifestó.
En este sentido, reprochó que “la reforma tributaria de 2017 está siendo eliminada, cuando era una reforma que tendía a bajar impuestos. Si hoy mantuviéramos esta reforma fiscal de 2017 tendríamos un esquema sin impuesto al cheque, con retenciones muy bajas, con contribuciones patronales cero para sueldos inferiores a 54 mil pesos, o con un impuesto a las ganancias con el 25% y sin impuestos al sello en muchas de las provincias”.
“El Gobierno lo que hace con este mal llamado consenso fiscal, está claro que los gobernadores y sus legisladores, porque están ahorcados presupuestariamente, lo que quieren hacer es financiar las cajas de jubilaciones no transferidas, y aquellas deudas recíprocas que también se solucionan. Básicamente se está permitiendo a los gobernadores que se logren soluciones financieras a costa de los ciudadanos particulares”, agregó.
“¿Todo esto qué significa? El Estado nacional no puede solamente financiar su excesivo gasto pública con Emisión, inflación y deuda, y como tampoco puede transferir los recursos necesario a las provincias lo que hace es permitir que las provincias se las arreglen solas tal cual hace el Estado nacional. Esto es arréglensela cómo puedan total el ciudadano siempre paga, y la presión tributaria siempre es la moneda de cambio”, indicó Rodríguez Machado.
Y concluyó: “Estos son los motivos por los que no vamos a firmar, y lo que sí quería es saber si existe en las autoridades de la Comisión que nos pueda alcanzar al bloque opositor la presión fiscal final que va a haber sobre las alícuotas de los ingresos brutos en las provincias”.
Quien recogió el guante por parte del oficialismo fue el diputado cordobés Eduardo Fernández, que recordó que es potestad de las provincias aumentar impustos o no: “Los pactos fiscales siempre se han firmado y comienzan casi siempre igual. Este se firmó en diciembre de 2021, y aclara que son acciones colectivas que generan condiciones básicas para su logro, a la vez que conservan las autonomías y potestades. El consenso fiscal no obliga a las provincias”.
Y agregó: “Es un acuerdo que viene el Congreso nacional para que se ratifique, ya el Senado, donde están los representantes de las provincias lo han hecho”.
En este sentido, concluyó que “este consenso fiscal es federal, respeta la autonomía y me parece que tratar de atribuirle direccionalidad fiscal habla por lo menos peyorativamente de las autonomías provinciales de sus legislaturas y sus gobernadores”.
Seguidamente tomó la palabra el diputado radical formoseño Fernando Carbajal, quien coincidió con el legislador preopinante: “Me voy a permitir controvertir la afirmación de que este convenio fiscal implica la suba de impuestos. Lo cierto es que este convenio, en todo caso, desde el punto de vista técnico lo que hace es remover obstáculos que tienen las provincias para subir impuestos”, inició.
Y señaló que “la eventual responsabilidad política de los aumentos de impuestos yo no lo acepto, ni creo que caiga en manos de este Congreso. Será en todo caso de los gobernadores y las Legislaturas provinciales que en medio de esta crisis les suban los impuestos a los ciudadanos y asumirán los costos. No me gustan ponerme sacos que no me quedan”.
De todas formas, manifestó dudas respecto al artículo 7: “Donde desde el Congreso de la Nación nos permitimos indicarles caminos o políticas tributarias a las provincias me parece que no corresponde desde el punto de vista Constitucional”.
A su turno, el legislador por Evolución Radical por la CABA Martín Tetaz se manifestó contra la idea de incrementar el impuesto sobre los Ingresos Brutos: “Quiero ser muy claro con todos, el impuesto sobre los Ingresos Brutos es el impuesto de los brutos. Es un impuesto que promueve el subdesarrollo. Y si nosotros nos alejamos del camino de la reducción de ese impuesto, vamos a aumentar la brecha de desarrollo con las provincias que tienen menor nivel de desarrollo. Y más tarde o más temprano nos vamos a ver con la necesidad de compensar el menor desarrollo de aquellas zonas”.
“Por esta razón alcanza y sobra para oponernos tajantemente a cualquier alejamiento del consenso fiscal 2017, es un consenso que implicaba la mitad de impuestos a los ingresos brutos que el que permite esta nueva ley”, agregó.
En este sentido, manifestó “no entender” por qué razón “nos alejamos de esa senda, y le permitimos a algunas provincias, cuyo único objetivo es de corte fiscalista, y de corto plazo que aumenten un impuesto que todos reconocemos que genera subdesarrollo”.
Por otro lado, consideró que “es una barbaridad que las provincias que no tienen nada que ver con la actividad económica, porque el hecho imponible no se genera en las fronteras de esas provincias, efectúan retenciones sobre por ejemplo los ingresos brutos. Esto es una aberración que tenemos que terminar, no tenemos que legislar sobre cómo podemos recuperar esas retenciones, tenemos que prohibirlas enfáticamente. Cada provincia tiene que remitirse a cobrar los impuestos de los hechos imponibles que se generan en su provincia, y no puede cobrar impuestos sobre hechos imponibles que se generan en otras provincias”.
Quien respondió las manifestaciones de Tetaz fue el exgobernador sanjuanino José Luis Gioja, que abrió el diccionario para buscar la definición de ‘bruto’: “Quiere decir que hace uso excesivo de la fuerza, la emplea sin control, o se comporta de manera mal educada, o desconsiderada con los demás. Mi provincia ni ninguna provincia argentina se la puede equiparar de esa forma. Creo que se le escapó al diputado. Me parece que hay que retractarse de eso, porque quienes vivimos en las provincias no nos sentimos brutos, nos sentimos bien argentinos”, replicó.
Y recordó que la constitución reformada de 1994 “mandó a hacer una nueva Ley de Coparticipación que tenía que estar vigente dos años después. En esa época conformamos la comisión de coparticipación en el Senado para tratar exclusivamente este tema. Y fue imposible ponerse de acuerdo, porque se habla de recursos para las provincias. Y la misma constitución reformada decía que ninguna provincia podía recibir menos de lo que estaba recibiendo”.
“La Nación empezó a hacer estos consensos fiscales, que tienen que ver con acuerdos de quienes democráticamente gobiernan las provincias, provincias que están antes que la Nación, y que conformaron la Nación, tienen todo el derecho a firmar convencidos, porque, además, son las Legislaturas de esas provincias que deben aprobar el consenso. Así que no es un hecho autoritario de gobernador que viene y firma lo que quiere, si no que tiene validez cuando el Parlamento de la provincia le aprueba el consenso fiscal”, señaló.
“Estamos discutiendo en demasía cosas que son muy claras, y quiero ratificar mi preocupación de bruto por ser del interior. Orgullosamente soy del interior, levantamos la celeste y blanca, que es la bandera de todos los argentinos, y la queremos levantar bien alta”, cerró Gioja.
A continuación, tomó la palabra el presidente del bloque del Frente de Todos Germán Martínez que señaló la necesidad de “recuperar la secuencia” para entender qué es lo que pasó: “16 de noviembre del 2017, Mauricio Macri presidente, Frigerio como ministro del interior, y García de Luca uno de los principales negociadores. Venían ustedes de ganar una elección intermedia, con un porcentaje importante. Y fue el momento donde se aceleran algunos procesos de toma de definiciones en el Gobierno, entre ellos se va al consenso fiscal. Acuerdo que se firma el 16 de noviembre de 2017 que estipulaba un plan plurianual, de cinco años. Buscar un consenso fiscal de 5 años presumía el espíritu optimista de ese momento, y el vínculo que después de las elecciones tuvieron a la hora de plantear el consenso fiscal”.
“Bueno, ganamos las elecciones en el 2019, y ni bien ganamos los gobernadores se reúnen en diciembre, y dice que los topes de las alícuotas del 2018 y 2019 ya pasaron, y las alícuotas vigentes para el 2020, 2021 y 2022 no las aplicamos. Entonces los topes en cada uno de los rubros, quedó como la del año 2019. La planilla que hoy nosotros estamos viendo es exactamente igual a los topes establecido en las alícuotas en las grillas 2019, el último año que ustedes gobernaron, bajo un pacto fiscal impulsado por ustedes”, prosiguió el legislador.
“En síntesis, excepto en tres rubros, no se está aumentando el tope de ingresos brutos, y los topes establecidos son los topes que los propios gobernadores de las provincias y de la CABA decidieron dejar fijados en diciembre de 2019”, concluyó Martínez.
Finalmente, tomó la palabra el diputado del Pro por la provincia de Santa Fe Luciano Laspina que advirtió que “si seguimos insistiendo con las mismas recetas, vamos a perder el partido. Si seguimos provocando aumento de salarios públicos, de gasto público, aumentos de impuestos vamos a terminar peor de lo que ya estamos”.
En este sentido, sostuvo que “la mayoría de los gobernadores, lamentablemente, utilizan los impuestos brutos que cargan de manera brutal, yo no sé si son brutos como dijo el diputado Tetaz, pero sí es un impuesto brutal. En la definición de brutal encontré violento, cruel e inhumano. No sé si es inhumano, pero sí que es violento y cruel, porque carga sobre los sectores más vulnerables, porque pega en la góndola como ningún otro, en cascada y se va acumulando, porque genera un efecto distorsivo en las inversiones, en la producción y sobre todo en las exportaciones”.
“Evidentemente tenemos un empecinamiento terapéutico que yo creo que no es porque la política no tenga un diagnóstico claro, es porque se salva la política, los gobernadores, los intendentes a costa del pueblo argentino, esta es la verdad. Me salvo yo, total no se dan cuenta”.
Seguidamente, el diputado citó a Perón y dejó un augurio para los próximos comicios: “Cómo decía Perón, va a tronar el escarmiento en las elecciones. Porque obviamente la Argentina tiene una inflación monetaria y una inflación impositiva. Porque este Gobierno no ha parado de aumentar impuestos, y ustedes creen que en una economía cerrada como es la Argentina, que es una de las más cerradas del mundo, esos impuestos ¿los pagan los empresarios? Los pagan los consumidores. Están en las góndolas, cada 100 pesos que pagamos 40 son impuestos”.
Por otra parte, señaló que “el consenso suspende, en medio de una crisis fiscal fenomenal, las restricciones que había para la expansión del gasto público y empleo público. Lo que está diciendo, es que yo voy a seguir con la fiesta del sector público, total esto me lo pagan los giles de las provincias. Esto es lo que está diciendo el consenso fiscal pasado por el filtro”.
En tercer punto, reiteró la preocupación del bloque un convalidar una Ley que devenga en inconstitucional: “Este consenso fiscal modifica el hecho imponible que establece la Ley de Coparticipación, al establecer el alcance de Ingresos Brutos a actividades no lucrativas, o sea acaba de cambiar la Ley de Coparticipación. Y al respecto hay dos fallos llamativos, en contra de estos. De la posibilidad de las provincias de aplicar ingresos brutos a actividades no lucrativas, uno es justamente una cooperativa, y la segunda es asociación bancaria”.
“Es obvio que estamos en crisis, es un sálvese quien pueda, y este consenso fiscal es la expresión más cabal, absoluta y clara del sálvese quien pueda de la política, hundiendo a los contribuyentes. Todo esto conforma una verdadera tragedia en materia tributaria y fiscal, lo que nos lleva a nosotros rechazar de plano esto consenso fiscal. Me parece que es, otra vez, la política del sálvese quien puedo, o el sálvese quien pueda de la política en detrimento de los contribuyentes”, concluyó Laspina.
Finalmente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados le dio dictamen de mayoría al proyecto de ley por el cual se aprueba el Consenso Fiscal con 24 firmas a favor y 20 en contra.
Al cierre de la reunión, también se aprobó un proyecto de ley por el cual se sustituye el artículo 1° de la Ley 27.047, sobre declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, conocido como “Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa Grande”
Fuente: El Parlamentario