Impuestos temporarios que persisten durante décadas. Gravámenes que se superponen. Baja calidad institucional, voracidad fiscal, corrupción. La Argentina está entre los peores.
La sanata es un deporte nacional. De larga data, tolerada por un porcentaje no despreciable de la población, le ha hecho un daño sustancial a la evolución del país. Este mal hábito alcanza su máximo nivel cuando es practicado por las autoridades de turno, y en este sentido los impuestos temporarios, coyunturales, «solo por este año», ocupan uno de los lugares de privilegio en esta escala de disvalor, ciertamente despreciable.
Ningún Gobierno deroga impuestos. Los crean, y los que los siguen los continúan. Toda la constancia y enjundia que nuestros legisladores no ponen en otros temas decisivos reaparece a la hora de mantener incólume la retahíla de gravámenes pensados «únicamente para la coyuntura». Es que cuando no se tienen las cuentas ordenadas, faltar a la verdad en este tema es toda una tentación para políticos no preparados para ocupar un cargo público.
La lista de «tributos coyunturales» es larga. Los más nuevos son los llamados «impuestos solidarios», todos ellos «aportes temporarios» que vivirán entre nosotros hasta que las velas no ardan. Eso sí, si la empresa acumula saldos a favor no se le permitirá cancelar otros impuestos con ellos. Si se la puede destruir, por qué no hacerlo.
Tenemos un sistema que cobra de manera creciente más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar. Cada vez hay menos privados y más personas dependiendo del Estado. Claramente esto no se puede sostener en el tiempo, pero a nadie parece importarle. Por eso no sorprende que la Argentina ocupe el tercer puesto en el patético ranking de «Infiernos fiscales», solo superada por dos ejemplos de lo que no debe hacerse, como son Venezuela y Bielorrusia. Estos líderes de cartón son países que han demostrado voracidad fiscal, baja calidad de las instituciones, alta corrupción o una gestión económica pobre. O bien todo junto a la vez, según el criterio de 1841 Foundation. Peor, imposible.
Desde la Fundación, formada para defender una serie de derechos fundamentales que los gobiernos progresistas les deben a las personas, destacan que un infierno fiscal no es únicamente un país con altos impuestos, sino más bien uno cuyo estado de derecho es débil y en el que los derechos a la privacidad y a la propiedad no se aplican o protegen como es debido. «El esfuerzo fiscal de un argentino, por ejemplo, es mucho más alto que el que tienen los habitantes de la mayor parte del mundo. El impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque, es un invento argentino, no existen en el planeta tributos así, a excepción de algún caso en que se aplicó en forma transitoria», se quejan desde la institución.
A criterio de estos analistas, está demostrado que en la Argentina impera un régimen tributario, no un sistema. Este último implica reglas con coherencia y lógica. En un régimen, solo se piensa en recaudar y las normas se amontonan.
Y para muestra basta un botón. El Presupuesto 2023 indica que el gobierno espera sin sonrojarse que el año cierre con un total de gastos de $ 30.328.120 millones, un 71,6% por encima del cierre fiscal de 2022. Es decir, gastará mucho, pero mucho más. Esta es la piedra basal de todos los problemas, dicho hasta el cansancio pero no por eso corregido y mejorado por parte del Ejecutivo.
Un Estado que no cuida sus gastos seguirá generando «gravámenes temporarios», que prolijamente se encargará de perpetuar, sanata mediante. Son los beneficios de cazar en el zoológico, hasta que se despierten las fieras.
Fuente: Revista La Chacra