El proyecto de Presupuesto 2023, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora se discutirá en el Senado, tiene varios aspectos positivos desde el punto de vista impositivo para las empresas y las personas. Por caso, aquellas compañías que inviertan al menos $30.000 millones podrán diferir en tres períodos el pago del impuesto a las Ganancias que resulte de la aplicación del ajuste por inflación. También las personas podrán descontar del impuesto las cuotas de los colegios. Las pymes industriales, por su lado, consiguieron un blanqueo de dólares que se podrán usar para importar.
En el caso de Ganancias, el proyecto permitirá pagar el impuesto en tres períodos fiscales, luego de aplicar lo que se conoce como ajuste por inflación positivo. Puede darse en el caso de empresas con deudas en pesos, cuyas cuotas se van desvalorizando, lo que genera una renta contable como producto de la pérdida del valor de la moneda. Cuando hagan inversiones de al menos $30.000 millones en bienes de uso podrán diferir el impuesto en tercios. “Dado que sólo se aplica sobre el ajuste por inflación positivo y no sobre el negativo, implica un beneficio para las empresas que cumplan con el requisito indicado”, señaló Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.
Para las personas, se aprobó la incorporación de la deducción de los gastos en educación en el Impuesto a las Ganancias. Será por hasta el 40% del mínimo no imponible. Domínguez estimó que el beneficio será bastante acotado. En un gasto de $100.000 mensuales el descuento sobre lo que paga el contribuyente será de unos $2.900.
El importe máximo a deducir este año es de $101.035, lo que dan $8.400 mensuales. Eso implica que para una persona que paga 35% el impacto anual sobre lo que está pagando actualmente es de unos $35.360 al año.
En tanto, para el sindicato de Camioneros, los Diputados introdujeron un aumento de la deducción de gastos de movilidad. Hasta ahora ese beneficio era de $90.000 al año y pasará a ser de $350.000.
Blanqueos
El proyecto de Presupuesto trae novedades con la exteriorización de capitales no declarados. En el caso de la construcción, que hasta ahora solo permite destinar fondos a obras, se permitirá también usarlos para la compra de viviendas usadas, tanto para destino de uso familiar como para alquiler. “Esta ampliación de los destinos es positiva ya que no hay suficiente oferta de obras privadas nuevas para quienes quieren aprovechar el blanqueo como así también porque ayudará a reactivar el mercado inmobiliario que se encuentra afectado por la situación económica desde hace años”, comentó Domínguez.
Si una persona exterioriza dólares para comprar un departamento donde vivir, tal cual está redactada la ley, podría tener otros tres departamentos y encuadrar en la norma. Podría mudarse por seis meses y luego vender.
Por otro lado, para las industrias pyme se aprobó un blanqueo al 5%,10%,15% y 20%, según la fecha de ingreso. Los dólares se podrán usar para importar insumos y la AFIP no tendrá en cuenta la Capacidad Económico Financiera del contribuyente. La medida era un reclamo de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y cuadra con las nuevas regulaciones del Banco Central y el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIPA), que permite hacer pagos anticipados con dólares propios.
Los impuestos que suben
Los diputados aprobaron un el incremento de impuestos internos para determinados productos electrónicos del 17 al 19% y del 6,55% al 9,5% para los de Tierra del Fuego. “Este aumento de la presión tributaria alcanza, entro otros, a celulares, monitores y proyectores, todos productos necesarios para el trabajo diario de las empresas y personas”, comentó el tributarista.
Para los monotributistas habrá un incremento del componente de obra social para las categorías que van de la D a la K. Las cuotas irán desde los $3.600 hasta $10.500. La justificación de ello es evitar que las obras sociales de sindicatos rechacen a monotributistas para la Prestación Mínima Obligatoria (PMO).
Se crea una Tasa de Seguridad de Aviación, que sería de unos $250 por pasajero. Aunque se permite al Poder Ejecutivo fijarla, la ley indica que no puede superar el 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Lo que quedó afuera
La gravabilidad del sueldos de los jueces no se aprobó. Contó con el rechazo de la mayoría de la Cámara. Actualmente los nuevos jueces y personal de la Justicia que se incorpora paga el Impuesto a las Ganancias. La cláusula buscaba alcanzar con retroactividad a los magistrados que estaban desde antes.
Del mismo modo, el oficialismo retiró un artículo del proyecto de ley que le confería al Gobierno la potestad de fijar retenciones a las exportaciones. Con ello se pretendía cerrar una disputa con la Mesa de Enlace que viene cuestionando ante los tribunales los derechos de exportación. El argumento oficial es que esa facultad está delegada en el Código Aduanero, que es una ley.
Anticipo Extraordinario de Ganancias
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que el 91,5% de los contribuyentes que estaba obligado a pagar un anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias del 15% cumplió con la disposición. Fueron 1.181 empresas. Hubo presentaciones de algunas firmas en contra de la medida pero fueron rechazadas por los jueces.
El Gobierno pagará al FMI en los próximos días unos USD 1.500 millones como parte del calendario de devolución del crédito
Sería, entonces, la segunda operación de conversión de bonos que realizaría el actual equipo económico, tras un primer canje a principios de mandato de Sergio Massa. En esa ocasión, la Secretaría de Finanzas que encabeza Eduardo Setti pasó de tener que afrontar pagos por más de 2,4 billones de pesos entre agosto, septiembre y octubre a apenas $365.000 millones. De acuerdo a estimaciones de la consultora Equilibra, para los últimos dos meses la exigencia financiera asciende a poco más de 1,6 billones de pesos, que son a los que apuntaría ahora el equipo económico.
Solo con lograr un resultado similar en una eventual operación de canje, esos 1,6 billones de pesos podrían pasar a ser $240.000 millones. No está definido entre los funcionarios que evalúan esta opción qué tipo de instrumentos podrían ofrecer a los inversores, más allá de que fuentes del mercado hablaban en los últimos días de nuevos bonos duales, que protegen a los tenedores tanto de la variación de precios como de una devaluación.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) “entre octubre y diciembre de 2022 se estiman vencimientos totales por el equivalente a USD 27.042 millones, incluyendo la deuda en manos de organismos del sector público nacional. El 49% se concentra en el mes de diciembre”, estimaron.
Fuente: Ambito Financiero