Las sucesivas postergaciones de los ajustes de esos tributos van camino a convertirse en un serio problema normativo y un agujero económico.
Mientras las autoridades energéticas intentan convencer a las petroleras para que estiren hasta mediados de febrero la aplicación del aumento promedio del 4% que ya está pactado para los combustibles en el segundo mes del año; un dato clave vinculado con la carga impositiva de las naftas y el gasoil ha comenzado a generar preocupación entre las empresas del sector y los economistas que asesoran a los candidatos opositores que están en carrera para las PASO.
Se trata de las actualizaciones trimestrales de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) que la administración de Alberto Fernández tiene pendientes de aprobación desde fines de 2021.
Las sucesivas postergaciones de los ajustes de esos tributos van camino a convertirse en un serio problema normativo y un agujero económico que deberá afrontar como herencia el próximo gobierno que surja de las elecciones.
Según un informe elaborado por la consultora Economía y Energía (E&E)– dirigida por el economista y exvicepresidente de Administración Finanzas de YPF entre 2012 y 2015, Nicolás Arceo–, el Estado ha dejado de recaudar hasta fines de 2022 un total de u$s1.800 millones por la no aplicación de los aumentos que correspondían en los impuestos internos a los combustibles.
El trabajo de la consultora destacó que a esa suma hay que agregar otros u$s600 millones por la no actualización de los importes del ICL e IDC durante el primer trimestre de este año.
De acuerdo con los cálculos de E&E, si a partir de abril el ministro de Economía, Sergio Massa, decidiera dar el visto bueno para el traslado de todas las actualizaciones pendientes, la carga impositiva en las naftas y gasoil registraría un aumento del 137%.
Impuestos a combustibles: cuánto aumentarían el gasoil y la nafta
Actualmente, los impuestos a los combustibles en el caso de las naftas representan unos $ 27,7 por litro. Si los funcionarios convalidan los ajustes atrasados, el componente impositivo registraría en el inicio del segundo trimestre del año un aumento de $ 38 que llevaría la carga total a $ 65,7 por litro.
En el caso del gasoil, los números muestran que los impuestos que ahora equivalen a $ 17,9 por litro pasarían a tener una suba de $ 24,6 para alcanzar un valor total de $ 42,5 por litro a partir de abril.
A esos aumentos por el componente impositivo habría que agregarle las remarcaciones que dispongan las petroleras una vez que finalice el actual sendero de ajustes que en noviembre habían consensuado con Massa. Para febrero ya está agendada una suba promedio del 4%, a la cual le seguirá otra del 3,8% en marzo.
Con el fin de no alimentar el avance inflacionario y limitar los aumentos en los surtidores, el Gobierno viene pisando el traslado de las actualizaciones impositivas desde mediados de 2021.
Según las reglas de juego vigentes, los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) deben actualizarse por la inflación trimestral pasada en los meses de enero, abril, julio y octubre.
Hasta ahora, ya se llevan acumuladas siete postergaciones de las subas correspondientes a los dos últimes trimestres de 2021, los cuatro de 2022 y el primer de este año.
Descomprimir la presión alcista
De acuerdo con el análisis de la consultora E&E, los porcentajes de aumentos atrasados de 2021 que se deberían trasladar a los surtidores son de 9,3% y 10,2%. En tanto, por los ajustes de 2022 habría que juntar cuatro subas de 16,1%, 17,3%, 22% y 18,6 %. Y a eso añadirle la variación que arroje el índice de precios minorista del primer trimestre de 2023.
En la última prórroga de la actualización que debía entrar en vigencia en enero, el Gobierno admitió que “debe tenerse en cuenta que tratándose de impuestos al consumo y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones impositivas se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.
Por ese motivo y con el fin de “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”, el decreto 864/22 determinó que “resulta razonable postergar hasta el 1° de abril los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos específicos” que se encuentran pendientes de aplicación.
Con esta medida, el Gobierno apunta a descomprimir, en parte, la presión alcista que registran los precios de los combustibles por la incidencia de las variaciones del valor del barril de petróleo, la devaluación del peso y los aumentos que la Secretaría de Energía concede a los biocombustibles que las petroleras están obligadas a mezclar con las naftas y el gasoil.
El tradicional e histórico régimen impositivo de alícuotas porcentuales que tenían los precios de venta de los combustibles fue cambiado durante la gestión de Mauricio Macri por un esquema de montos fijos ajustables cada tres meses por el IPC.
Impulsado por el exministro de Energía, Juan José Aranguren; el nuevo mecanismo comenzó a registrar sus primeros frenos en los últimos meses de la administración macrista.
Tras un breve período de autorizaciones parciales, el actual Gobierno decidió mantener congeladas las actualizaciones desde mediados de 2021.
Con la campaña electoral ya encaminada y las dificultades que tienen los funcionarios económicos para aquietar la inflación, lo más probable es que los montos impositivos de los combustibles sigan en el freezer hasta fin de año para que sea el próximo equipo económico el encargado de resolver el problema.
Fuente: Iprofesional.com