¿Un espejo para SANCOR?
La cooperativa exige al Estado uruguayo, a quien considera garante de esas exportaciones, más de u$s 61 millones.
La cooperativa Conaprole perdió en primera instancia la demanda presentada, en marzo de 2022, contra el Estado uruguayo por 61,8 millones de dólares por la deuda que tiene Venezuela en cuanto a unas exportaciones realizadas por las que el gobierno nacional es garante.
De acuerdo a Blasinas y Asociados, en base a información de una alta fuente del Ejecutivo publicada en Conexión Agropecuaria, la decisión preliminar del juez fue apelada. Ahora la demanda pasa a una instancia de apelaciones.
Venezuela adeuda a Conaprole el pago de productos lácteos exportados en 2015. El reclamo es de 31,8 millones de dólares por exportaciones impagas y de 30 millones de dólares por daños y perjuicios.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, había explicado en marzo pasado, cuando se presentó la demanda, que la empresa láctea sostenía que existía “una garantía del gobierno que en su momento fue otorgada”.
¿Cómo fue el acuerdo de Conaprole con Venezuela?
El acuerdo se forjó durante el gobierno del Frente Amplio (FA), en julio de 2015. El entonces ministro Tabaré Aguerre, acompañado de representantes del sector privado, anunció un plan de ventas de Uruguay a Venezuela que incluía 90.000 toneladas de arroz, 44.000 de leche en polvo, 9.000 de pollos, 12.000 de quesos y 80.000 de soja.
Por el acuerdo, Uruguay se comprometió a comprar petróleo venezolano y, a cambio, Caracas utilizaba esas divisas para abonar la adquisición de alimentos nacionales. El objetivo era lograr un equilibrio en la balanza comercial entre ambos países.
“El dinero resultante de esas ventas será depositado por Venezuela en un fideicomiso en la filial uruguaya del banco transnacional de ese país Bandes, como carta de garantía del cobro inmediato de los envíos de mercadería nacional”, se detalló en esa conferencia.
Conaprole realizó sus envíos y cobró una parte, pero Venezuela, sumida en una profunda crisis económica, quedó debiendo 30 millones de dólares. En agosto de 2021 la cooperativa informó que iniciaría acciones judiciales para cobrar lo adeudado. Y la demanda fue presentada en marzo de 2022.