El vértigo de la gestión presidencial de Javier Milei representa para el campo un nuevo ciclo.
Vaso medio lleno o medio vacío. Una de cal o una de arena. Sean cual sean las opciones que se tomen, el vértigo de la gestión presidencial de Javier Milei representa para el campo un nuevo ciclo.
La sorpresa que se generó a comienzos de semana con los cambios en el esquema de los derechos de exportación se aceleró en las últimas 48 horas con los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que buscan desregular la economía y desburocratizar el Estado. En teoría, el objetivo es que el sector privado sea protagonista y comience a actuar con el respeto de las reglas de la propiedad privada, el libre comercio y la libre competencia. Ahí el campo es imbatible. Los tiempos políticos y económicos dirán si se llega a esa meta en un plazo óptimo o se sufrirá un nuevo traspié.
En el caso de los DNU, la medida que tendrá un mayor impacto, y que ya había sido adelantada por el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, (tal su designación oficial hasta que se cambie por el nombre a la cartera por Bioeconomía) es la prohibición a prohibir las exportaciones por razones económicas. La consigna del Mayo francés, como observan los analistas políticos, tiene un impacto contundente para el agro.
De concretarse, termina con una práctica que en los 16 años de gobierno kirchnerista se aplicó con esmero. Los ROE, los encajes productivos, los volúmenes de equilibrio, los cupos, los permisos para exportar y otros elementos que se esgrimieron en defensa de la “mesa de los argentinos” quedarán en el pasado. Solo podrá haber prohibiciones si se ejecutan por ley, es decir, no habrá un secretario de Estado o burócrata que tendrá la llave para anular la capacidad de crear riqueza por parte del sector privado.
Esta decisión, si se sostiene en el tiempo, abrirá un nuevo escenario para todos los protagonistas del agro. No habrá “cazas en el zoológico” y se abrirá la competencia. No será fácil.
La parte “vacía” del vaso está en la suba de los derechos de exportación de tres puntos porcentuales para el trigo y el maíz, de dos puntos para la harina y el aceite de soja, y al 15% para el complejo girasol. Al incremento se suman el maní, el limón y los productos forestales y se están revisando las subas a porcinos, pesca y maíz pisingallo. De la mayor presión impositiva se salvaron 18 productos de las economías regionales.
El argumento del Gobierno es que con la mejora del tipo de cambio la situación competitiva de la mayoría de las actividades se torna positiva. No obstante, se abre una peligrosa puerta a la discrecionalidad de los sectores. Las necesidades fiscales son las que mandan porque tendrán mayor presión impositiva aquellos complejos que más exportan. Milei prometió que cuando se cierre la brecha cambiaria y se alcance el equilibrio fiscal, los DEX serán eliminados.
En el caso de los aumentos al complejo soja, la sorpresa fue mayúscula porque los exportadores y el complejo oleaginoso se había mostrado cerca de Vilella en su presentación previa a la asunción. También, porque da marcha atrás con el diferencial, un punto sensible para la actividad. Quienes lo defienden argumentan que es una forma de compensar la protección arancelaria que ejercen los compradores en destino como China y la Unión Europea. Además, afirman que el diferencial les permite pagar un mejor precio al productor a lo largo del año y ofrecerle una herramienta adicional a la estacionalidad de la cosecha. También argumentan contra la “primarización”: se exportará más grano que harina y aceite.
Quienes lo critican, en cambio, dicen que se trata de una transferencia de ingresos de un eslabón a otro y que en los países líderes de la soja como Brasil y Estados Unidos no existe una ventaja semejante. Al mismo tiempo, señalan que la eliminación del diferencial favorecerá la competencia entre exportadores puros, que no tienen plantas de molienda, y la industria.
En el “vaso lleno” de todo ese esquema está la reducción de la brecha cambiaria, uno de los factores más distorsivos para la producción. Se acortan los tiempos hacia la reclamada unificación del tipo de cambio. Otro ítem positivo del DNU es la posibilidad de pagar en dólares por los granos, lo que podría favorecer los contratos forward. Especialistas en temas tributarios del agro como Héctor Tristan destacan que todavía es necesaria una reglamentación específica de la AFIP para que se puedan hacer facturas en dólares. Una posibilidad para seguir con atención.
Fuente: Lanacion.com