La Corte Suprema requirió que tribunales nacionales y federales “adopten medidas apropiadas” para asegurar la mejor prestación del servicio de justicia, manteniendo el principio de presencialidad en el ámbito de sus fueros y jurisdicciones.
Tras un pedido del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), la Corte Suprema solicitó que “tribunales nacionales y federales adopten las medidas apropiadas con la finalidad de asegurar la mejor prestación del servicio de justicia, manteniendo el principio de presencialidad en el ámbito de sus fueros y jurisdicciones”.
En julio pasado, el presidente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra, le pidió al titular del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, que “se arbitren los medios necesarios para normalizar la actividad presencial en los órganos judiciales”, ya que “es necesario que se cumpla lo decidido por la Corte Suprema, respecto de la presencialidad en todos los tribunales, a fin de no perjudicar el adecuado servicio de justicia”.
Así, la entidad exigió la normalización de la actividad presencial en los órganos judiciales, respaldándose en la acordada 24/21, del 14 de octubre de 2021, la cual ordenó el regreso a la presencialidad de jueces, funcionarios y empleados judiciales.
Desde el CPACF señalaron que la preocupación expresada a la Corte “radicó en la disparidad en la aplicación de la presencialidad en los distintos juzgados, lo que genera obstáculos significativos para el ejercicio de la abogacía, afectando tanto la atención al público en general como a los matriculados y las matriculadas”.
En respuesta a este reclamo y antes del inicio de la feria judicial de verano, el máximo tribunal, por mayoría, comunicó a los tribunales nacionales y federales de todo el país la solicitud del Colegio. Esta acción tiene como objetivo garantizar la mejor prestación del servicio de justicia, manteniendo el principio de presencialidad en cada fuero y jurisdicción, de acuerdo con lo determinado en la Acordada mencionada.
Desde el CPACF señalaron que la preocupación expresada a la Corte “radicó en la disparidad en la aplicación de la presencialidad en los distintos juzgados, lo que genera obstáculos significativos para el ejercicio de la abogacía, afectando tanto la atención al público en general como a los matriculados y las matriculadas”.
Fuente: www.diariojudicial.com.ar