De ser aprobado el paquete fiscal, vuelven a tener importancia algunas cosas que estuvieron olvidadas, en el impuesto a las Ganancias en los sueldos.
La comercialización agrícola en Brasil se encuentra afectada por la decisión del gobierno brasileño de aplicar un sorpresivo “impuestazo”.
La semana pasada se habrían comercializado menos de 500.000 toneladas de soja en Brasil, cuando lo usual para esta época es un volumen ubicado en un rango de 1,50 a 2,0 millones de toneladas, según estimaciones del consultor Vlamir Brandalizze publicadas por el sitio brasileño Notícias Agrícolas.
Si bien la medida generó un masivo rechazo en el sector agroindustrial brasileño, el equipo económico del gobierno Luiz Inacio Lula da Silva parece estar decido a no dar marcha atrás.
A pesar del derrumbe de ventas del poroto, la medida ya comenzó a trasladarse a los valores ofrecidos por la soja en el mercado brasileño, donde el precio de referencia de la soja Paranagua disponible cayó un 0,3% la semana pasada, mientras que la soja Rosario (Argentina) subió un 1,4% en el mismo período.
Si bien el mayor impacto, por el volumen de negocios, corresponde al sector agrícola, la realidad es que el “impuestazo” afecta a todos los sectores agroindustriales del país.
La Asociación Nacional de Exportadores de Jugos de Cítricos (Citrus BR), por ejemplo, estimó que la resolución 1227 generaría un incremento impositivo de al menos 400 millones de reales (unos 75 millones de dólares).
La medida además tendrá un impacto inflacionario. Compañías petroleras, como es el caso de Ipiranga, comunicaron que, luego de evaluar el impacto de la resolución 1227, ajustarán el precio de los combustibles a partir de este lunes 11 de junio, algo que, obviamente, incrementará los costos de producción y comercialización en el agro brasileño.
Todo comenzó el pasado martes 4 de junio, cuando, por medio de la resolución 1227, se dispuso la imposibilidad de emplear créditos fiscales generados por los impuestos del Programa de Integración Social (PIS) y de la Contribución de Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins) para abonar otros tributos de orden nacional. El PIS (vaya nombre) consiste en una contribución social federal del 1,65% sobre los ingresos brutos, mientras que el Cofins tiene una alícuota del 7,6%.
El hecho de impedir la posibilidad de emplear créditos fiscales de PIS/Cofins implica, en los hechos, un aumento impositivo indirecto para el agro brasileño, que, en el caso de la industria aceitera, fue estimado en torno a los 6500 millones de reales.
Fuente: bichosdecampo.com