La medida apunta a simplificar procesos administrativos, reducir costos y eliminar trabas al sector del transporte automotor de cargas
En una nueva medida orientada a la desregulación, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 1109/2024, dispuso la eliminación del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), creado originalmente para combatir la precariedad en el sector del transporte.
Esta medida, que comienza a regir a partir del día de hoy, busca liberar al sector del transporte automotor de cargas de barreras normativas que, según el Gobierno, limitaban su potencial de crecimiento. Al simplificarlos procesos administrativos, se espera impulsar la productividad y mejorar la competitividad de un sector considerado estratégico para la economía nacional.
El RUTA, que exigía la presentación de un extenso listado de documentación —como el título de propiedad del vehículo, el certificado de seguros obligatorios y la revisión técnica—, constituía, de acuerdo con lo establecido en el decreto, un procedimiento engorroso que duplicaba funciones ya desempeñadas por otros organismos estatales, y generaba un gasto irracional de recursos públicos y obstaculizaba la libre iniciativa económica, considerada un motor clave del desarrollo del país.
La eliminación el RUTA forma parte de una revisión integral del aparato estatal, alineada con la Ley Nº 27.742 de emergencia administrativa y económica, que faculta al Poder Ejecutivo a reorganizar funciones estatales, eliminando estructuras consideradas obsoletas o redundantes. En ese contexto, el Gobierno subrayó la necesidad de reducir el sobredimensionamiento estatal y reasignar recursos de manera más eficiente.
El decreto también establece modificaciones clave en la Ley Nº 24.653 de Transporte Automotor de Cargas, adaptándola a un esquema más simplificado que prioriza la seguridad vial sin imponer cargas administrativas injustificadas. Entre los cambios, se dispone que las infracciones serán sancionadas con multas calculadas en unidades equivalentes al precio de 100 litros de gasoil, unificando criterios de penalización.
El decreto asegura que la seguridad en el transporte seguirá garantizada a través de requisitos como el seguro obligatorio y la revisión técnica. Además, destacó que parte de la documentación requerida puede ser obtenida directamente por la Administración Pública mediante plataformas electrónicas, eliminando la necesidad de que los transportistas realicen trámites adicionales.