El Ejecutivo avanza en la modificación del sistema de tributos, aunque aún no están claras las condiciones ni tampoco si formarán parte del Presupuesto 2025. ¿Con qué inconvenientes podría encontrarse?.
En su afán de avanzar con una reforma tributaria de cara al próximo año, el Gobierno trabaja en un proyecto para modificar los regímenes actuales y simplificar el sistema de impuestos.
A contrarreloj, el Poder Ejecutivo necesitará la aprobación del Congreso en 2025 -año electoral-, aunque aún no brindó precisiones sobre cómo serán las nuevas condiciones tributarias ni tampoco si las mismas se incluirán en el Presupuesto.
«Nuestro sistema impositivo es asfixiante, laberíntico e inestable. Argentina tiene que dejar de ser un infierno fiscal para quienes trabajan, se esfuerzan e invierten. Nuestro país tiene una carga impositiva explícita que supera el 30% del PBI», reconoció el presidente Javier Milei.
Justamente, el Estado tiene en mente eliminar impuestos -como sucederá pronto con el Impuesto PAIS, cuyo vencimiento está estipulado para fines de diciembre y no se renovará-, pero de menor relevancia en cuanto a la recaudación, dado que el objetivo es mantener el orden fiscal (superávit).
A raíz de ello, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) elaboró meses atrás un documento, el cual incluye una serie de lineamientos para «Una reforma tributaria integral en Argentina». ¿Qué dice el texto y qué opinan los tributaristas sobre los pasos a seguir?
Reforma tributaria: cuántos impuestos hay en Argentina y cuáles son «distorsivos»
Según los datos que difundió Iaraf, en Argentina existen «más de 150 tributos», pero solo hay 12 que «generan el 95%» de la recaudación total. Es decir, los restantes son de baja productividad.
Entre los objetivos principales, la asociación civil sin fines de lucro propone simplificar el sistema, ordenar las potestades tributarias para evitar la doble imposición, incrementar la formalización de las operaciones, eliminar o sustituir impuestos distorsivos y aumentar la progresividad del sistema tributario.
En diálogo con El Cronista, el contador Sergio Biller sostuvo que «siempre la intención de este Gobierno fue disminuir impuestos distorsivos o impuestos que no tienen mucha recaudación».
Sumado a ello, el tributarista Sebastián Domínguez remarcó que un pilar de la administración de Javier Milei es mantener el superávit fiscal, por lo que es importante señalar que cualquier baja de impuestos puede afectar en la recaudación. «Argentina no está en condiciones de poder financiar el déficit fiscal con deuda o con emisión», detalló.
No obstante, desde Iaraf insisten en que es fundamental eliminar o sustituir impuestos distorsivos (Derechos de Exportación, Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos provinciales, Tasas municipales a las ventas e Impuesto provincial a los sellos) por otros tributos más eficientes.
En tanto, el abogado y experto en Derecho Tributario, Diego Fraga, señaló a este medio que «el Gobierno aplicó una política de shock en la reducción del gasto», pero notó un cierto gradualismo «en lo cambiario y fiscal».
Cuáles son los impuestos que debe revisar el Gobierno, según los especialistas
Para Biller, el Gobierno podría implementar una baja en lo que es el impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias» y en los Derechos de Exportación -retenciones-.
De todas maneras, en línea con Domínguez, resaltó la principal problemática con la que se topará el Ejecutivo en esta misión: el déficit cero. «Si hay una merma en la recaudación -a menos que sigan recortando gastos-, no van a poder llegar al famoso déficit cero», indicó.
En la misma línea, Domínguez, que celebra el fin del Impuesto PAIS, cree que la actual administración «tiene que bajar el impuesto al crédito y débito», pero el contrapunto es que este genera cerca del 10% de los impuestos nacionales.
Los tributaristas insisten en eliminar o reducir paulatinamente los impuestos distorsivos
«Primero se debería permitir el 100% de este como pago a cuenta de IVA (Impuesto al Valor Agregado) y Ganancias -que también afirmó que debe reducirse por su alta imposición (casi el 40%) en las empresas- para luego tender a su eliminación en el mediano plazo», precisó el CEO de SDC Asesores Tributarios.
Por su parte, Fraga coincidió con sus colegas y afirmó que ambos tributos deben reducirse, ya que «prácticamente no existen en el mundo y atentan contra el desarrollo de las exportaciones y de la bancarización». A su vez, mencionó que el Estado tendrá que reducir el gasto público en «una segunda fase de reforma del Estado y mediante una modificación del sistema previsional».
Ingresos Brutos, el impuesto más distorsivo
Los especialistas comparten otro punto. La reforma tributaria debe atender el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), una carga que no es nacional y depende de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según describió Biller, se trata de «un impuesto plurifásico en cascada» que afecta a «todos los diferentes niveles de producción», por lo que «va a ser muy difícil» que las provincias quieran resignar ese tributo.
Fraga sostiene que es el impuesto más distorsivo, pero su eliminación o reducción va a depender de «una negociación entre la Nación y las provincias (se podría llegar a un acuerdo interjurisdiccional, como ocurrió cuando en el gobierno de Macri se firmó el pacto fiscal)».
De todas formas, por principio de legalidad, la baja de impuestos tiene que acordarse en el Congreso. Por ende, ante la reducida cantidad de legisladores que mantiene el oficialismo en Diputados y en el Senado, tendrá que limar asperezas para avanzar en la reforma tributaria o, caso contrario.
Reforma tributaria: por qué es complejo eliminar o reducir las tasas municipales
Otro de los tributos que afectan de forma negativa a la actividad empresarial son las famosas tasas municipales que, según Diego Fraga, se transformaron en «una duplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos».
Los municipios no están dispuestos a reducir tasas, por lo que el Gobierno tendrá serias dificultades para lograr un acuerdo.
Tal como señaló, son «impuestos disfrazados de tasas y son altamente confiscatorios». Además, el contador público Sebastián Domínguez remarcó que los municipios tienen autonomía para establecer esas tasas, pero «deben estar relacionadas con el servicio que se presta y el valor que se cobra debe cubrir los gastos».
En tanto, el experto en Derecho Tributario sumó que «es un problema que viene desde hace muchos años, a partir de que la Corte Suprema les permitió (a los municipios) calcular la tasa de Seguridad e Higiene sobre la base de los Ingresos Brutos».
Para el abogado, es el campo de mayor dificultad para el Gobierno, ya que exige «achicar el gasto en todas las jurisdicciones, pero, en lugar de seguir por este camino, muchos municipios han optado por aumentar sus tasas o crear nuevas».
Fuente: Cronista.com