La Inspección General de Justicia (IGJ), mediante la Resolución General 11/2026, introduce modificaciones al régimen registral aplicable a las sociedades, con el objeto de reducir distintos requisitos vinculados con su constitución e inscripción.
La norma elimina la exigencia general de dictamen de precalificación para la constitución de sociedades, reduce distintos recaudos registrales, incorpora la posibilidad de constituir una sede electrónica complementaria y flexibiliza la regulación del objeto social. Para las Sociedades por Acciones Simplificadas, admite expresamente como objeto la fórmula “la realización de cualquier actividad lícita”.
Asimismo, simplifica los requisitos para acreditar aportes dinerarios y no dinerarios, modifica el régimen de las cláusulas arbitrales y actualiza la documentación exigida para la inscripción de sociedades.