El presupuesto 2024 incluyó al Congreso una recomendación para “analizar” el impacto fiscal y eventual reducción de ciertos beneficios actuales, como que los inmuebles rurales no tributan ese impuesto.
Luego de que el Gobierno enviara al Congreso el presupuesto 2024, en el campo hay alerta por la inclusión de una suerte de recomendación para que los legisladores debatan sobre la quita de exenciones, entre ellas la que mantiene a los inmuebles rurales al margen del impuesto a los Bienes Personales.
Ayer, en un informe donde dio detalles sobre el impacto del presupuesto para el agro, la Fundación Barbechando, que sigue en el Congreso los temas del agro, alertó que el Ministerio de Economía incluyó el consejo de “promover el análisis y discusión parlamentaria de los gastos tributarios y de otros beneficios impositivos con impacto presupuestario en pos de dar sostenibilidad al sendero fiscal de la República”. En concreto, según la Fundación Barbechando, se menciona entre los rubros a analizar para que sean rebajados “las exenciones al pago del impuesto a las Ganancias para los jueces, el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego y la exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los Bienes Personales que representa un 0,48% del PIB”.
De acuerdo a lo precisado por la organización, “la justificación de esto es porque dichas exenciones generan pérdidas de recaudación de un poco más del 5% del PBI y, tras el telón de la ley, porque se necesita compensar la pérdida de recaudación que originarán las recientes medidas de compensación a determinados sectores de trabajadores, jubilados y monotributistas”.
Efectivamente, se menciona en el presupuesto con impacto significativo “la exención de inmuebles rurales en el Impuesto sobre los Bienes Personales que representa un 0,48% del PIB”. Y luego se aconseja: “En este sentido, cabría someter a evaluación legislativa la razonabilidad de mantener la vigencia de esta exención a la luz de la capacidad contributiva, su rentabilidad y acceso a otros beneficios bajo la forma de subsidios, promociones, etc. Solo con relación a inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país. Por otro lado, y con relación al mismo gravamen, podría revisarse el nivel de imposición del responsable sustituto”.
Desde hace años, ante otros intentos de avanzar sobre la exención, desde el campo se vino insistiendo que sería un error aplicar el gravamen a la producción, en especial cuando ya hay otras imposiciones como la tasa vial que cobran los municipios o el impuesto inmobiliario rural que queda para las provincias.
Opiniones
“Es importante recordar que los inmuebles rurales están alcanzados por el impuesto inmobiliario provincial y que también tributan por la red vial. Los inmuebles rurales se encuentran incorporados dentro de un proceso económico, por lo que quedan fuera del alcance del espíritu recaudatorio del impuesto a los bienes personales. Nuevamente avalar una triple imposición es un ataque directo al desarrollo federal de nuestro país”, dijo Barbechando.
Expertos consultados por LA NACION rechazaron una eventual carga sobre la tierra. Ernesto Ambrosetti, consultor en agronegocios, afirmó: “Sería un nuevo atropello al campo, la tierra es un bien que se transfiere a las nuevas generaciones, requiere sustentabilidad para evitar su erosión, aumentar la presión fiscal resta recursos para mejorar la sostenibilidad del recurso”.
Para Ambrosetti, avanzar en el sentido de lo recomendado por Economía “es otro dislate de las medidas cortoplacistas y electoralistas desesperadas que atentan en contra de la producción, el empleo y el ingreso de divisas”.
Añadió: “Se volvería a la triple imposición sobre la tierra, sobre ella recae el impuesto inmobiliario y la tasa vial, ahogando la capacidad de producir en forma sustentable”.
Héctor Tristán, contador y especialista en temas tributarios del agro, destacó que con el mensaje incorporado para el presupuesto se está pensando echar mano mediante la derogación total o parcial de ciertos beneficios fiscales vigentes, entre ellos la exención en Bienes Personales de los predios rurales cualquiera sea su destino.
“La estimación es que estos beneficios alcanzarían al 0,48% del PBI y servirían para financiar el actual despilfarro que está haciendo el candidato oficial, sin financiamiento genuino. El mismo axioma: recaudar en el zoológico, de reducción de la presión fiscal ni hablar”, opinó Tristán.
Fuente: Lanacion.com