La iniciativa formaliza un nuevo procedimiento administrativo que reduce el tiempo de tratamiento de los expedientes por infracciones a los operadores de granos y
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación formalizó, por medio de la Resolución N° 89/2026, un nuevo proceso administrativo para el tratamiento de sumarios por infracción vinculados a la actividad de control comercial agropecuario, que reduce los tiempos de tratamiento de los expedientes, con el objetivo de ordenar la gestión interna, garantizar mayor transparencia y asegurar el derecho de defensa de los operadores de granos y carnes, estableciendo pasos claros y plazos razonables para cada etapa del proceso.
Si bien la normativa será aplicable a los expedientes iniciados con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución, esta iniciativa formaliza un proceso de trabajo que ya se venía aplicando en 2025 por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que reduce el tratamiento de los expedientes de infracciones (que duraban entre 3 y 10 años) a un proceso que aproximadamente dura 90 días.
La falta de criterios y tiempos definidos generó, en años anteriores, la acumulación de expedientes de multas iniciados hasta hace 10 años atrás, cuya resolución tardía tiene escaso impacto en la promoción de condiciones de competencia leal entre operadores.
Con esta actualización, la Secretaría busca que los procedimientos sean más previsibles, ágiles y consistentes, permitiendo que las medidas que se adopten tengan un efecto oportuno y contribuyan a un funcionamiento más ordenado de la actividad agroindustrial.
Para los operadores de granos y carnes esto evita que los expedientes sancionatorios queden frenados y demore años en ser efectiva la sanción. Busca generar un impacto ordenador real en el mercado una vez detectada una inconsistencia y competencia desleal y garantizar así la defensa del operador.
Si a una empresa se la multa por inconsistencia en la operación y la multa tarda entre 3 y 10 años en hacerse efectiva, no logra el objetivo final que es ordenar la competencia leal en el mercado.
Esta modernización del proceso administrativo apunta a que las reglas se apliquen en tiempo y forma, fortaleciendo un esquema donde los operadores que cumplen puedan desarrollarse con previsibilidad y libertad, y donde las inconsistencias se aborden de manera rápida, clara y proporcional.
De este modo, las herramientas administrativas recuperan su función principal: contribuir a un mercado más ordenado, transparente y con condiciones de competencia efectivas.
Fuente: SAGyP