Mientras apura un antídoto contra el impacto de la sequía, en el horizonte del Ministerio de Economía se asoman las turbulencias financieras y cambiarias que siempre acompañan las elecciones
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner empezó a transitar la recta final. El calendario indica que es un tramo de ocho meses, aunque el resultado de las PASO, el 13 de agosto, o sea, dentro de la mitad de ese tiempo, será clave para saber cuán árido será el recorrido. Quedan apenas cuatro meses para que el ministro de Economía, Sergio Massa, apure un antídoto contra el brutal impacto de la sequía y se prepare para enfrentar las turbulencias financieras y cambiarias que siempre acompañan las elecciones. Tras lograr evitar el colapso en el invierno del año pasado, ahora ve cómo algunos de los avances de entonces se van diluyendo.
Inflación, reservas, brecha cambiaria, resultado fiscal, actividad económica, recaudación; el tablero muestra luces que progresivamente regresan al lugar del que habían salido, del amarillo al rojo. En palabras de la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI), “el plan Llegar de Massa, que ya comenzaba a resquebrajarse, tuvo su golpe de gracia con la sequía. Todas las variables macro están deteriorándose y revirtiendo el punto de partida de agosto de 2022″. Es decir, cuando el ministro llegó al Palacio de Hacienda tras la crisis posterior a la salida de Martín Guzmán y la breve gestión de Silvina Batakis.
El muy anunciado dólar soja III, que será acompañado por un dólar agro, esto es, una mejora cambiaria para las exportaciones de las economías regionales, es el primer paso de una ingeniería que Massa preveía desde el final mismo del soja II, aunque imaginaba aplicarla en un contexto difícil, pero no tan dramático como el actual. Los ejercicios del equipo económico hablan de un “dólar de equilibrio” de $294, aunque son varios los sectores que piden un tipo de cambio más alto, como la industria del tabaco, que postula un dólar de $312. Tabaco, yerba mate, arroz, cítricos, tanino, lana, cítricos, todos presionan a través de los gobernadores. Las versiones más firmes hablan de un tipo de cambio en torno de $300, probablemente una manera de orientar las negociaciones. “Será por ahí”, se limitan a decir en Economía.
La sequía se traducirá en menores ingresos de divisas para el país por una caída de exportaciones de unos US$20.000 millones, según las últimas estimaciones de la Bolsa de Cereales, y una fuerte baja de lo recaudado por retenciones por unos US$7000/US$8000 millones. En el campo creen que la nueva versión de dólar soja no tendrá el éxito de las anteriores, pero en el Palacio de Hacienda confían en paliar la situación con los ingresos que -siempre y cuando el clima mejore y empiece a llover- aportarían este año el trigo y el girasol (US$3000 millones), fondos de organismos multilaterales (US$2900 millones) y el uso completo del swap chino por US$5000 millones netos. Juran que además sigue en carpeta el postergadísimo repo, un préstamo que haría un grupo de bancos internacionales. El FMI dio una mano, según fuentes de Economía, al bajar la meta de reservas del primer trimestre en US$3600 millones (ahora será de US$1400 millones) y reducirla en US$2000 millones para todo el año (ahora será de US$7000 millones). A cambio sigue exigiendo una meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI que hoy se ve muy cuesta arriba.
Por el lado de los gastos cuentan con el “ahorro” en compras de energía importada por baja de precios internacionales y por la sustitución que permitirá la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, prevista para junio. Donde parece que no habrá ahorro significativo será en los subsidios a las tarifas, un reproche que Massa escuchó en Washington hace unas horas de boca de la vicedirectora del FMI, Gita Gopinath, el otro reproche fue por la moratoria previsional que votó el Congreso.
El Gobierno no avanza a la velocidad deseada por el Fondo con la quita de subsidios porque entiende que hay 2 millones de personas de ingresos bajos y medios a los que les corresponde el subsidio y aún no se anotaron en el registro para recibirlo. En un año electoral, lo que menos desea el Frente de Todos es gente mostrando boletas exorbitantes de luz y gas en los medios. El FMI exige y el país promete pero no habría que descartar una flexibilización futura en la meta fiscal.
Rodolfo Santangelo, director de MacroView, cree que la economía “venía mal, llegando a agosto de 2023 con lo justo, y la sequía resulta en un golpe devastador porque afecta al mercado cambiario y al sector real”. Según el economista, el Gobierno se quedó sin herramientas para enfrentar ese shock porque no tiene ingreso de capitales, casi no cuenta con reservas en el Banco Central y al tipo de cambio no lo quiere tocar. “Hasta la sequía parecía que Massa llegaba a agosto sin chocar la calesita; ahora no sé. Quizás se puede llegar dejando nada, pero no al 10 de diciembre, sino antes”, analiza Santangelo, y advierte sobre el período de transición entre agosto y diciembre, cuando asumirá la nueva administración surgida de las urnas.
El resultado de las primarias es un factor que genera enormes ruidos políticos y económicos, tal como quedó demostrado en las últimas elecciones. En 2019, tras la derrota del oficialismo macrista a manos del Frente de Todos, el dólar pegó un salto de 45 a 60 pesos en pocos días, producto de la reacción de un mercado que tomó con pesimismo la resurrección del kirchnerismo. Y en 2021 fue el propio kirchnerismo el que probó de esa medicina cuando tras su contundente derrota el dólar paralelo también subió bruscamente ante la perspectiva de un Fernández debilitado políticamente con dos largos años de gobierno por delante. La dolarización característica de todas las elecciones podría llegar esta vez a límites críticos, advierten analistas. Cerca de Massa, en cambio, dicen que en las elecciones de 2015 y 2019 la dolarización de carteras fue del 20% y que el canje forzoso que obligará a los organismos públicos como la Anses a vender bonos en dólares y cambiarlos por otros en pesos les dará mayor poder de fuego para enfrentarla y evitar una devaluación brusca.El canje obligado desató la última de las polémicas del plan Llegar, que consiste en patear para adelante un yunque de deuda en pesos y dólares para 2024 y 2025. Las calificadoras de riesgo internacionales Fitch y S&P saludaron la novedad con una baja de nota para la Argentina. A esa herencia se le sumará la reprogramación del calendario de vencimientos negociada con el FMI y otros organismos por Guzmán y Alberto Fernández que, luego de aliviar la carga inicialmente, se intensifican en los próximos dos años para pegar un salto en 2027. No es lo único que le quedará al próximo gobierno: habrá que adicionar la última ocurrencia de Economía de llevar al año próximo la devolución de casi 1 billón pesos, en concepto de percepción de impuestos, a empresas importadoras. Allí dicen que en realidad se trataba de cortar un negocio financiero que permitía licuar pagos de tributos gracias a la devaluación. Las principales cámaras empresarias no dudaron en calificarlo como un virtual nuevo impuesto.
Retroceso social
Pero el más evidente y doloroso retroceso es social. Pese al crecimiento del PBI y la baja del desempleo, la pobreza aumenta, producto de la caída del salario, y del poder adquisitivo de los planes sociales y de las jubilaciones. Según un informe del Centro de Economía Política (CEPA), uno de los think tanks cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la pérdida real de los salarios fue del 3,8% en el segundo semestre del año pasado respecto del primero; mientras que los planes y los haberes previsionales resignaron un 5% respecto del primer semestre de 2022.
Las estimaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) permiten otra constatación: el agravamiento estructural del problema. Según el observatorio de la deuda social de esa institución, excluidos los picos hiperinflacionarios de fines de los 80 y principios de los 90, Raúl Alfonsín dejó la pobreza en un techo del 20%; Carlos Menem en 25%; Cristina Kirchner en 29%, Macri en 35% y ahora, por la inflación en alza, Fernández llegaría a un 45%, cifra solo superada durante la crisis de 2001-2002. Aquí, sí había tierra arrasada, pareciera que había espacio para seguir cavando.
Fuente: La Nación