El ejecutivo de Pedro Sánchez usará el nuevo gravamen para sortear la supresión del impuesto al patrimonio en comunidades gobernadas por la oposición.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció este jueves la creación de un impuesto a las grandes fortunas en España que será temporal y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2023, una medida que busca eludir las dificultades que el ejecutivo cosechó con el gravamen al patrimonio, bloqueado en algunas comunidades gobernadas por la oposición.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no aclaró la fórmula que estudia el Gobierno para aumentar los impuestos aplicados sobre grandes rentas y patrimonios, pero aseguró que trabajan en «una idea temporal».
«Al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca (actualmente en tramitación en el Congreso), trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo», dijo tras el debate parlamentario sobre la suspensión de las reglas fiscales y el techo de gasto.
Preguntada por cuándo empezará a aplicar esta subida de impuestos, Montero dijo que «por lo menos, estará fundamentalmente vinculado a la entrada en vigor el 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales», y en función de la tramitación parlamentaria que siga.
«Habrá que ver la fórmula, no todo puede ir en la Ley de Presupuestos», aclaró la ministra. En España, la ley de Presupuestos Generales del Estado pueden incluir modificaciones en las figuras tributarias existentes, pero no contemplar la creación de un nuevo impuesto.
Una salida ante la disputa con las regiones
La creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas es la forma en que el gobierno de Pedro Sánchez sorteará el conflicto por el gravamen al patrimonio, que es gestionado por las comunidades y se ha convertido en el centro de una batalla política luego de que Andalucía, Madrid y Murcia lo suprimieran.
En su intervención en el Congreso, Montero criticó que Murcia siguiera el ejemplo de Madrid dando ese «regalo fiscal» en una comunidad que ocupa los últimos puestos de inversión sanitaria o educativa, algo que considera «duro de admitir en un momento de crisis en el que los ciudadanos lo están pasando tan mal».
El vigente impuesto al patrimonio grava la tenencia de activos, como muebles, acciones o cuentas bancarias, por encima de los 700.000 euros.
En España, las comunidades tienen libertad para aplicar deducciones y bonificaciones en los tributos que tienen cedidos en el ejercicio de su autonomía fiscal, recordó el diario El País.
Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP), fue la primera comunidad en bonificar este impuesto al 100%. Poco después se sumó a esa línea de acción Andalucía y Murcia anunció que planea hacerlo. Ambas comunidades también son gobernadas por el PP.
Fuente: Ambito.com